El concejal del Partido Popular de Majadahonda, Pablo García González, ha sido exento de culpa ante una denuncia por presunta prevaricación que realizaron Carmina Madrigal, de UPyD, y Juan Santana, de Izquierda Unida. El objeto de denuncia fue el mantenimiento de unos contenedores de ropa usada, según refleja ABC, durante más días de lo previsto. Tras esta denuncia, será el Partido Popular quien interpondrá una demanda contra los dos miembros de la corporación local de Majadahonda, alegando denuncia falsa.
La juez no ve indicios de que la actuación de García González haya sido injusta, requisito que sería necesario para que constituyese un delito, según el artículo 404 del Código Penal. La sentencia estipula que el concejal no intervino en la gestión de limpieza y recogida de residuos, ni en los cambios que se realizaron. Asimismo, recalca que "no ha quedado acreditada la comisión de infracción penal".
Los miembros del Partido Popular de Majadahonda acusan a los de UPyD e IU de haber intentado "manchar la reputación de un concejal". Desde el PP mantienen que se tachó a García González de "corrupto" a través de las redes sociales. Por ello, el partido gobernante ha decidido demandar a Madrigal y a Santana por denuncia falsa.
Por su parte, los miembros de UPyD e IU aseguran que si creen que "existe algún hecho irregular, nuestra obligación es presentar una denuncia". Juan Santana ha asegurado que "la juez no ha establecido que exista mala fe por nuestra parte". También afirma que no han puesto ningún cartel acusando a García González, y desmiente que hayan publicado nada en las redes sociales. "No había intención de manchar el nombre del concejal", ha manifestado Santana.
Carmina Madrigal, concejala de UPyD, ha afirmado que realizaron un recurso tras la sentencia provisional, aunque aún no han obtenido respuesta. "No hemos sido nosotros quien ha sacado esto, hemos guardado la discreción que debemos". En defensa de las acusaciones vertidas por el PP, Madrigal asegura que "la ciberagitación y las acusaciones de los carteles son falsas".
Además, a través de un comunicado enviado a los medios, UPyD ha afirmado que su intención "nunca ha sido manchar la vida personal, familiar y profesional de nadie, simplemente hemos cumplido con la obligación que establece la ley a todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la Justicia aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito o falta, para que sean los jueces, y no otros, quienes juzguen dichos hechos. La interposición de la demanda, además, se produjo después de meses de seguimiento de este asunto, solicitando a dicho concejal explicaciones en diferentes comisiones y la presentación de una moción en el Pleno solicitando la apertura de un expediente informativo al respecto".
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