
Todo empezó en 1978. Madrid no tenía suficientes plazas para los vehículos que acababan en el depósito y contrataba a particulares. Localizó al dueño del aparcamiento San Francisco, en Majadahonda, y suscribieron un contrato que duraría hasta 1987. Ese año, 450 coches seguían en el garaje a la espera de una orden judicial que autorizase sacarlos. El Ayuntamiento siguió abonando el alquiler al dueño de forma extraoficial.
Dos años después, en 1989, el garaje fue traspasado a M. F. R., quien exigió al Ayuntamiento de Madrid un contrato y el pago formal. El Consistorio no le reconoció como dueño y pidió una orden judicial para retirar los vehículos, que no se tramitará hasta 1998, cuando por fin se llevan los coches al desguace.
El Tribunal Supremo condenó en noviembre de 2007 al Ayuntamiento madrileño a pagar 6.993.019 euros a M. F. R en concepto de gastos de ‘estancia y pupilaje’. El Consistorio aceptó la condena pero, esta semana, le ha reclamado al Ministerio de Justicia el pago de la cantidad a través de un recurso contencioso administrativo. Considera que la culpa la tuvo la Administración Judicial por la tardanza en resolver el conflicto.
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