Justicia aumentará la inversión tras las quejas de los magistrados

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El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, ha destacado que tiene previsto incrementar un 30% la inversión destinada a modernizar infraestructuras judiciales. Algo que viene motivado por las quejas que han hecho públicas algunos magistrados sobre el estado deficiente de los juzgados de la región.

Hasta 21 decanos de San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, han denunciado las deficiencias que sufren los juzgados de la Comunidad de Madrid. Apuntan que en algunos casos carecen de las mínimas condiciones de seguridad estructural.

Esta queja ha estado motivada por el incendio ocurrido el pasado 11 de enero en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y Primera Instancia nº 5 de Torrejón de Ardoz, que han sido clausurados por problemas de salubridad.

Los profesionales aseguran que el incendio no es un accidente inevitable, sino una de las consecuencias del estado y mal mantenimiento de las instalaciones judiciales de Madrid. "Estos hechos podrían llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos", han destacado en el comunicado.

Las quejas arrancan criticando que las demandas que cada año señala el Tribunal Superior de Justicia en las diferentes memorias no son atendidas por la Comunidad de Madrid, solo "con carácter puntual, escaso e insuficiente". Estas hacen referencia a edificios obsoletos, carentes de las mínimas condiciones de seguridad estructural, como sistemas de ventilación, red de saneamiento o fallos en la calefacción.

Por ello, los jueces han instado a la Comunidad de Madrid a acometer "de inmediato" las actuaciones necesarias para que el estado de las sedes judiciales se adecue a la normativa en materia de seguridad y salud. De la misma forma, reclaman a la Administración autonómica que garantice que todas las sedes judiciales cuenten con salida de emergencia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene para poder desempeñar su labor en unas instalaciones dignas.

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