La Policía Nacional esta llevando a cabo una macrooperación en ayuntamientos de toda España contra una red de contratos fraudulentos ligados a la seguridad vial.
La trama afecta a alcaldes, policías locales y funcionarios de todo el país, y consistía en la instalación de semáforos y cámaras de tráfico mediante la contratación irregular de estos materiales o servicios como la gestión de multas a través de intermediarios entre las empresas y los ayuntamientos que cobraban comisiones.
En Majadahonda, la UDEF ha solicitado esta mañana información al Ayuntamiento sobre temas relacionados con la empresa Gespol, encargada de la gestión de las multas de tráfico y la seguridad vial.
Según fuentes municipales, en Majadahonda solamente hay un semáforo, y la gestión de multas se adjudicó en 1998 mediante un convenio firmado por la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y diversos Ayuntamientos que en aquella fecha tenían un tamaño mediano. Ese convenio proporcionaba al consistorio de Majadahonda de una herramienta informática para la gestión de las multas.
Las mismas fuentes aseguran que, según la información disponible, el Ayuntamiento de Majadahona no ha pagado cantidad alguna por el contrato y mantenimiento de ese servicio.
Además, desde el Ayuntamiento han explicado que está en proceso de tramitación un nuevo contrato para el mantenimiento de dicha aplicación. Esa licitación se ha llevado a cabo por un procedimiento abierto y aún no ha sido adjudicado.
Por último, fuentes municipales han asegurado que la Policía investiga únicamente a un funcionario municipal.
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